Igualdad entre desigualdades

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  • jueves, 13 de septiembre de 2012


  • 12 septiembre 2012

    Francisco Díaz.- Con mucha precisión exponen sus razones aquellos que impulsan el proyecto de reforma laboral, que como iniciativa preferente presentó el otrora presidente del empleo, en el sentido de que nuestras leyes laborales están diseñadas para proteger el empleo. Primeras cuestiones: ¿en nuestro país dejó de ser necesaria la protección del trabajo? ¿En qué momento perdieron vigencia los principios constitucionales que la norma laboral reglamenta, en el sentido de equilibrar las relaciones entre patrones y trabajadores?

    Recordemos que la premisa en que se fundamentan los derechos sociales relativos al empleo es que no existe injusticia mayor que tratar como iguales a los que en principio son desiguales. Frente al patrón, el trabajador es un sujeto más débil, en cuanto a los recursos y medios de los que dispone en la relación laboral que lo subordina y lo hace dependiente de las decisiones del propietario de los medios de producción y del capital. Es este el sentido, y no otro, de las normas y el carácter proteccionista que el Estado asume para equilibrar la relación jurídica entre sujetos notoriamente desiguales.
    Escuchar o leer que necesitamos modificar la norma laboral para incorporar aspectos que permitan generar nuevos empleos, además de atender la demanda insatisfecha de trabajos de calidad e impulsar la competitividad y el crecimiento económico, nos hace preguntar: ¿acaso en Norteamérica o en los países Europeos, son las leyes laborales “rígidas” y “obsoletas” las que generan o propician el creciente desempleo, la precarización del mismo o el decremento en los niveles de producción? La respuesta es evidente: No.

    En aquellas latitudes no existen normas que sea necesario “flexibilizar” o “actualizar”, pues desde hace décadas las relaciones laborales se rigen bajo los paradigmas del modelo-sistema-mundo capitalista. Precisamente es la voracidad de los agentes económicos, especialmente aquellos relacionados con el sistema financiero global, la que aunada a las malas decisiones de los gobiernos que se subordinan al interés del gran capital transnacional, los que han sumido al mundo entero en una crisis económica de la que no se visualiza una pronta salida.

    Podemos afirmar que en México no hemos sufrido crisis económicas recurrentes, sino que hemos vivido bajo una crisis permanente que nos pone como ejemplo mundial de lo que justamente se debe de hacer, si acaso se pretende ser el país más desigual e inequitativo del mundo.
    Entre otras muchas promesas incumplidas, hemos vivido bajo el ofrecimiento de que sobrevivir con bajos salarios y empleos precarios, nos hará más atractivos para la inversión extranjera; lo cual, según los impulsores del modelo conocido como neoliberal, tendrá como consecuencia una derrama económica que, una vez generada la riqueza nacional con el esfuerzo y trabajo de la competitiva (¿acaso por barata?) mano de obra mexicana, será distribuida de manera justa y equitativa por la obra y gracia de la mano invisible del mercado. Después de más de 30 años, esto no ha sucedido, ni sucederá.
    La reforma que la presidencia propone tendrá como efecto indudable abaratar el despido y liberar de obligaciones esenciales que hoy día tienen los empleadores. Luego entonces, tendríamos que suponer que con los recursos que los patrones se ahorren por no tener que pagar ya costosos juicios laborales, tendremos mayor inversión que generará más empleos, con mejores condiciones para la competitividad y por supuesto con un incremento de la productividad nacional. Falso.

    ¿Cómo se evitará que los empresarios -cuyo principal objetivo es incrementar su propia riqueza- aprovechen las nuevas normas de forma tal que cubran sus necesidades de contratación sólo con contratos de prueba, de capacitación o por horas? Evidentemente esto será más conveniente para las empresas, ¿lo será también para los millones de mexicanos que viven o aspiran a vivir de un trabajo estable?

    En la propuesta se reduce la obligación de pagar salarios caídos a un periodo máximo de un año; ¿no sería más conveniente para todos que mejor se implementara lo necesario para que los juicios laborales se resolvieran antes de ese periodo? No se necesitan grandes argumentos para sostener lo evidente: esta reforma laboral la impulsan los empresarios, sólo a ellos les resulta conveniente nulificar un principio esencial de nuestro derecho laboral, como lo es la estabilidad del empleo.

    Mención aparte merecen las reformas relacionadas con el derecho colectivo del trabajo. Afirma un dirigente empresarial local que los únicos que alzarán la voz en contra nuevamente serán los sindicatos obreros porque se les obligaría a transparentar sus finanzas ante sus afiliados. ¿No tendrían que alzar la voz también aquellos sindicatos, organizaciones o líderes que realmente encuentren en la iniciativa una seria y profunda afectación al derecho y al interés de los trabajadores?

    Sostener que la lucha de clases quedó muchos años atrás y que “ahorita somos el mismo equipo de trabajo”, no hace sino evidenciar una aguda ignorancia, a la vez que ejemplifica el verdadero cáncer que lacera el mundo del trabajo, como lo es el contubernio y complicidad que existe entre “grandes” empresarios y pseudo líderes sindicales que firman contratos de protección, haciendo nula toda posibilidad de organización de los trabajadores frente a la explotación patronal. ¿Qué se dispone o propone en la iniciativa presidencial que propenda a inhibir, nulificar o erradicar las prácticas de protección patronal por parte de membretes sindicales que se corrompen ante el poderío económico? Nada.

    Bienvenidas sean las modificaciones a la ley que busquen una mayor transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores. Con el mismo énfasis deberían impulsarse iniciativas que limiten la opacidad que existe, por ejemplo, en las exenciones o beneficios fiscales que algunos empresarios reciben por parte de las autoridades hacendarias, ya sea por vía directa de los corporativos o a través de toda la serie de fundaciones, asociaciones y organizaciones “sin fines de lucro” que tan útiles resultan a los contadores.

    Lamentablemente, la reforma se aprobará como se propone pues es claro que quienes disponen de las instituciones del Estado son los empresarios, no la mayoría de mexicanos.