‘El Lazca’, los presidentes y el FMI

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  • lunes, 29 de octubre de 2012


  • Francisco Díaz.- La estimación de la relevancia que para la vida nacional tiene la noticia de la muerte de El Lazca, presunto líder de los zetas, o la afirmación del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la desaceleración de la economía mexicana, o bien, la reunión sostenida entre Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, depende de la disposición personal que cada receptor de información tenemos, en función de nuestra experiencia individual.

    En primeras planas se consigna la información sobre el abatimiento del cabecilla del célebre grupo delictivo, así como la posterior desaparición o robo del cuerpo del mismo. Se acompaña la nota de la crónica de los hechos, siempre insuficientes, que narran los acontecimientos y circunstancias, generando sin duda en el lector, escucha o televidente toda la serie de dudas y especulación que nuestra imaginación es capaz de producir.



    Si nuestras incógnitas, nuestros temores o suposiciones sobre el futuro tienen más que ver con las condiciones de crisis económica global y sus efectos, quizá nos despierte mayor interés especular con respecto a las medidas y planes de ajuste que, siguiendo los dictados del FMI, sin mayor remedio se tendrían que implementar, aun a pesar del consecuente incremento de conflictividad que podría reubicarnos en el estado de crisis social que nadie quisiera.

    De la misma forma, cuando nuestro sistema de creencias se encuentra mayormente influenciado por expectativas de conformidad al espacio de la política y la toma de decisiones públicas, lo más probable es que concentremos la atención en la serie de reuniones que los presidentes, entrante y saliente, han sostenido en los días recientes, pues podríamos suponer que de dichos encuentros se podrían derivar las políticas gubernamentales, públicas o de Estado, bajo las que habremos de discurrir, en los próximos años, nuestras habilidades y nuestras disonancias sociales.

    No obstante de la propensión que se tenga, quizá valga la pena ejercitar nuestra creatividad relacionando entre sí la información disponible, pues bien podríamos reflexionar sobre los cursos de acción que podrían o deberían ser modificados por el gobierno entrante, con respecto a la política criminal y de persecución al narcotráfico, máxime si consideramos que cuando menos dos de los encuentros presidenciales han tenido como tema la seguridad.

    Si partimos de que el narcotráfico se afirma como un problema de seguridad pública y seguridad nacional, podríamos imaginar a Calderón y Peña Nieto charlando sobre todo aquello relacionado con las bandas delictivas y jefes criminales que como El Lazca ocupan los titulares en las noticias. Igualmente podríamos suponer que dialogan al respecto de las estructuras en las que se sostiene un fenómeno de la índole y dimensión del tráfico de drogas. También podríamos intuir que intercambian opiniones en relación a la agenda global de combate al narcotráfico o sobre la serie de acuerdos que de forma inevitable se toman con el gobierno norteamericano.

    Resulta válido suponer que si el más reciente encuentro tuvo que ver con los temas de la economía, quizá la información y opiniones que se comparten tienen que ver con las relaciones políticas y económicas que nuestro gobierno establece con los organismos de financiación internacional, al igual que con los gobiernos de las principales economías, pues evidentemente son estos últimos los que determinan el rumbo y las pautas que en la economía y la política se encuentran obligados a seguir los países que como el nuestro requieren de créditos internacionales.

    Ahora bien, si partimos de que el narcotráfico está considerado también como un problema de seguridad global, ¿qué tan explícito será el intercambio entre presidentes tratándose de acuerdos globales para el abordaje o la atención del tráfico de drogas? Es decir, con independencia de los juicios morales que pudiésemos tener al respecto de “pactos” con delincuentes, sin duda la política criminal que nuestro país implementa se encuentra altamente influenciada, si no es que conducida, por quienes aportan los recursos técnicos, materiales y financieros para el combate al narcotráfico.

    En este mismo tenor, partiendo de que el tráfico de drogas genera billones de dólares de ganancia en toda el orbe, a quienes participan de estas actividades, sean personas, grupos o países, ¿qué tanto se explicita entre mandatarios el grado de involucramiento o inoculación que la economía tiene, derivada de estas actividades ilícitas? Una ventana de abordaje -o cuando menos de observación- del fenómeno global del tráfico drogas es el mercado financiero internacional, como también lo son las actividades de la economía formal o informal de cada país que participa en estos intercambios, sin que para lo anterior sea obstáculo el nivel de permisividad o persecución instituido.

    Se acepte o no, el narcotráfico es antes que otra cosa un gran negocio, lo cual no significa que deba haber o exista conformidad al respecto. Este apunte se vierte en el sentido de reconocer las características esenciales del fenómeno, lo cual sería indispensable, si es que de verdad se quiere combatir el mismo, bien sea con fines de acabar, inhibir o controlar el tráfico de drogas.

    El narcotráfico genera graves problemas de salud pública; bajo esta óptica resultaría prioritario inhibir el consumo, quizá a través de políticas que propendan a la prevención del mismo. Como toda actividad ilícita, para desarrollarse requiere un grado de soporte, generalmente logrado mediante la corrupción, en las instituciones y organizaciones formales del Estado; ante ello, sería oportuno enfatizar las acciones hacia la inhabilitación de todo aquello que propicia la corrupción, como lo es la impunidad.

    Sin embargo, no habrá lucha eficaz contra este tipo de delincuencia si el abordaje y estrategia se reduce a una confrontación directa en el ámbito de los más deliberados comportamientos de hostilidad, agresión y violencia, pues si bien es cierto que una de las principales funciones del Estado es garantizar la seguridad de los pobladores, para lo cual se reserva el monopolio del uso de la violencia, también es cierto que se debe atender el fenómeno desde su estructura, lo cual incluye las normas bajo las que éste se rige.

    Así las cosas, en tanto no se altere el orden financiero global, se ataquen los cimientos de las estructuras financieras en los países y se castigue la eficacia de las finanzas en el crimen organizado (narcotraficantes, empresarios o políticos), seguiremos siendo partícipes involuntarios del reality show que por destructivo sostiene el mayor nivel de audiencia en nuestro país.

    Coparmex, Canacintra y la ignorancia

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  • lunes, 8 de octubre de 2012
  • Francisco J. Díaz A.- Leer las recientes declaraciones que en torno a la reforma laboral han expresado algunos dirigentes empresariales es una experiencia como la que dicta aquel comercial: no tiene precio. Si nuestra capacidad de asombro, tratándose de temas políticos, no estuviese demasiado mermada, podríamos incluso afirmar que resulta alarmante.

    Más allá de exponer sus argumentos con supina ignorancia (acéptese el pleonasmo), los representantes empresariales, principales personeros, impulsores y promotores de la actual reforma legal, exteriorizan agudas carencias cognitivas en torno a temas de los que mejor sería que no opinaran. Además de ello, se manifiestan las razones por las que una acción pública de esta naturaleza exhibe la más pura condición humana, en la cual la contradicción existe de forma inevitable. Esta contradicción la podemos identificar en diversos niveles, siendo el primero y más evidente el de la controversia política.
    Cuando el máximo dirigente de la Coparmex en Jalisco afirma que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se acabará con la lucha de clases, queda muy claro que no es requisito para ser dirigente empresarial tener el más elemental conocimiento sobre las tesis del materialismo histórico; sin embargo, sería primordial entender que la lucha de clases existe y existirá mientras vivamos en una sociedad clasista, dividida y confrontada, sobre todo por las desigualdades e inequidades económicas que la mayoría sufre, lo cual arraiga en la mente y quizá en el espíritu de muchos, la necesidad de combatir, de luchar contra un orden social que se considera injusto.

    Cuando el dirigente nacional de la Canacintra sugiere que ya es tiempo de hacer a un lado la autonomía sindical, hace patente lo más burdo y lamentable de la conducta humana, como lo es pretender limitar la libertad de otros y negar para los demás el ejercicio de los más elementales derechos humanos. Este tipo de afirmaciones muestra el desconocimiento absoluto de los axiomas en los que se sustenta el principio de autonomía sindical, como también evidencia la ignorancia sobre las obligaciones legales que, según nuestra propia Constitución, tenemos con el derecho internacional, al respecto de garantizar el derecho a la libre asociación y autodeterminación de las organizaciones obreras o patronales, en virtud de los convenios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sancionado y nuestro país suscrito.
    No debería ser extraño para los dirigentes empresariales el conocimiento sobre lo más elemental en la historia de los derechos laborales, que en el ámbito internacional tienen un referente importante en la creación misma de la OIT, la cual se funda en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, con el cual se pretende generar la paz mundial después de finalizada la primera guerra mundial. Conveniente sería que se conocieran los principios de la Declaración de Filadelfia, promulgada en 1944, la cual establece que: 

    1. El trabajo no es mercancía; 
    2. La libertad de expresión y de asociación es esencial; 
    3. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes; y, 
    4. La guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable.

    Por otra parte, a sabiendas de que ninguna medida concreta en el ámbito político puede poseer la dignidad de una verdad científica, podemos revisar el principio de contradicción citado en un segundo nivel, relacionado con los fundamentos del orden justo, el cual ha sido debatido desde los inicios de la vida en sociedad. En esta lógica citamos la afirmación que a través de un comunicado emite el Consejo Coordinador Empresarial en el sentido de “adaptar la Ley Federal del Trabajo a las circunstancias y necesidades de la economía moderna”. ¿Cuáles son las necesidades de la economía moderna? Hasta antes de esto cualquiera hubiera pensado que las necesidades las tienen los individuos y las sociedades, no la economía. En este mismo tenor, ¿las circunstancias de la economía moderna corresponden a lo que pudiésemos considerar un orden justo? Quizá para las cúpulas empresariales, sí.

    El quehacer público y la acción política encuentran desde siempre un conflicto por la definición del orden justo. Quizá de manera simplista, podemos alinear en dos grandes grupos las ideas que defienden tesis opuestas: la primera de ellas afirma que las desigualdades corresponden a un orden natural y por lo tanto, en toda sociedad se deben aceptar; bajo esta tesis la estratificación, jerarquización y diferenciación social es algo natural. La segunda tesis propende a evitar o contener los abusos de la riqueza, el poder y la condición humana “natural”; en esta posición, la legislación debe actuar en sentido opuesto a la naturaleza.

    Un último nivel de análisis lo podemos significar a partir de identificar lo que cada quien encuentre como las finalidades últimas de la acción humana y/o de la vida en sociedad. En este punto es indispensable considerar que las sociedades, las personas, los políticos, los ciudadanos, los empleadores y los trabajadores, normalmente piensan y actúan según sistemas de valores que se constituyen como marco referencial, muchas veces divergentes y otras veces opuestos, en un intercambio continuo donde el individuo se afirma y define en función de su propio medio.

    Así las cosas, las finalidades últimas que se persigan serán siempre subjetivas a cada caso particular, así como a cada grupo o individuo que se involucre en las acciones humanas, las que según sus fines y medios encontrarán siempre una rebeldía a toda instrucción exterior a su esencia. El “mercado” (y quienes piensen y actúen en su lógica) rechazará siempre todo aquello que cuestione o limite la libertad de imponer un orden natural donde para el más fuerte será siempre permisible disponer de mayores recursos, por encima de los más débiles, dado que eso es inmanente a su naturaleza. La justicia (y quienes pretendan orientar sus pensamientos o actos en función a ella) rechazará siempre lo que signifique un desequilibrio o desigualdad entre sujetos que en la vida social se comprometen a frenar y contener lo más primitivo de sus impulsos naturales.

    No obstante, lo visto hasta hoy es que la historia de esta reforma legal es la tragedia de una clase empresarial que hace sus leyes, pero no sabe las leyes que hace.
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  • miércoles, 3 de octubre de 2012

  • Dimensiones y efectos de la reformal laboral


    Francisco J. Díaz A.- Entre tantas opiniones que se vierten, o posiciones políticas que se asumen, frente a la reforma laboral, resultaría oportuno reflexionar el tema desde un espacio con mayores herramientas metodológicas que pueden resultar útiles, ya sea para la toma de decisiones o cuando menos para emitir diagnósticos más certeros sobre el estado de la cuestión.

    Evidente es que este acontecimiento transcurre principalmente en una dimensión jurídica, pues se trata en principio de una reforma a un ordenamiento legal. Incontrovertible es que los mismos hechos tienen una perspectiva económica, lo cual en forma lógica utilizan los impulsores o detractores de la citada reforma a la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, podemos afirmar también que tanto en las relaciones individuales de trabajo como las colectivas, son fenómenos que no pueden entenderse en forma plena si no se revisan también sus dimensiones política y social.

    Si se tratase de dar una opinión, basta con emitirla. En cambio si lo que se busca es hacer un adecuado análisis, nos parecen demasiado simplistas los juicios que se hacen comúnmente sobre la actividad sindical, ya que lejos de ver a los sindicatos como los complejos fenómenos sociopolíticos que son, se reducen a una obtusa e insuficiente visión construida sólo sobre la base de la forma en que los líderes sindicales llevan a cabo su función.

    Dicho de otra forma, al hablar de sindicatos la mayor parte de opinólogos que se escuchan o se leen, se reduce a creencias compartidas y/o juicios populares que sin duda se generan sobre la base de hechos lamentables, controvertibles o deleznables en los que han incurrido una cantidad importante de dirigentes sindicales. Así las cosas, una buena parte de la discusión pública que hoy día se hace sobre el tema, transcurre en el espacio deliberativo, o más bien discursivo, del intercambio de acusaciones que impulsores o detractores de la reforma hacen con respecto a los sindicatos. Pareciera entonces por momentos que una decisión nacional de esta envergadura se limita a la negociación que líderes sindicales podrán hacer para no resultar afectados en lo que ellos consideren que afecta su interés.

    De la misma forma encontramos insuficientes, y por lo tanto afirmamos que carecen de fundamento, aquellas versiones que sostienen como un hecho indudable que una vez modificada la ley, en el sentido de “flexibilizar” las relaciones laborales, se tendrá como resultado inmediato el incremento en la productividad, así como en las fuentes de trabajo y empleos que tan necesarios son hoy día.

    Al parecer el resultado de la negociación del conflicto, a la vez que del intercambio político que se aproxima, será en el sentido de conceder a los sindicatos mantener prácticamente las mismas condiciones jurídicas, políticas y económicas que disfrutan, a cambio de permitir ellos la flexibilización del mercado de trabajo, que en realidad no es otra cosa que dinamitar el principio de estabilidad laboral, a través de legalizar los contratos temporales (de capacitación o de prueba) y los contratos por horas.

    De las posiciones encontradas que hasta hoy se confrontan en la arena pública, en el debate legislativo, o en los espacios mediáticos, no encontramos una sola propuesta o contrapropuesta que tenga suficiente fundamento, y que por lo tanto pueda resultar viable, pues todas ellas carecen de la más elemental ubicación contextual. Se pasa entre otras cosas por alto, la causalidad en la relación histórica que tiene estos hechos con el pasado, reciente y remoto.

    En la historicidad de todo suceso se puede identificar la direccionalidad que ha tenido, o la que se ha pretendido dar a temas como el de esta magnitud. Sólo por citar un ejemplo, se nos dijo antes que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y con la consolidación de las políticas y del modelo económico de libre mercado lograríamos atraer mayor inversión extranjera, la cual crearía más y mejores fuentes de empleo, lo que junto con el intercambio comercial nos traería una indudable mejoría en nuestros ingresos, salarios y oportunidades. Los resultados todos los conocemos.

    Antes y ahora las decisiones públicas tendrían que considerar que toda acción política implica un riesgo derivado de las consecuencias previsibles, pero sobre todo de aquellas no previsibles. Lo cierto es que las decisiones, acciones y consecuencias resultan conformes a los axiomas y valores en los que se fundan, independientemente de nuestra coincidencia o no con estos principios.

    Los intereses que hay en esta reforma son más o menos evidentes, pero ¿cuáles son los principios en los que se basará esta decisión? Valga la pregunta con independencia de los intereses que logren imponerse y sea cual sea la reforma que al final se apruebe.

    Ejercer la acción de gobierno no siempre será agradable a todos, no obstante que se tenga una vocación democrática bajo lo cual pretenda decidirse en función de la conformidad mayoritaria. Vale la pena considerar que no siempre la mayoría está bien informada, no siempre la mayoría tiene claridad sobre las distintas opciones disponibles, así como casi nunca la mayoría tendrá un análisis claro de los riesgos que implica determinada decisión, ni tampoco las consecuencias previsibles y efectos no deseados de determinada acción.

    En un misma acción los efectos no deseados por unos, pueden ser deseables para otros. Los empleos que se tienen que crear, si de verdad se quiere mejorar la condición de millones de familias, deben ser empleos estables y bien remunerados; lamentablemente lo que se propone no apunta en esta dirección, sino en el sentido contrario.

    No obstante, quizá lo que precisamente hace falta en nuestro país es que la necesidad y el malestar de los trabajadores sea aún mayor, de forma tal que ante el incremento de la tensión social, detone un movimiento amplio y popular, producto del hartazgo, que sacuda a las instituciones desde sus cimientos y genere con ello una transformación profunda en nuestra vida política, económica y social. Sólo esperemos que esto no suceda en forma violenta.