Francisco J. Díaz A.- Leer las recientes declaraciones que en torno a la reforma laboral han expresado algunos dirigentes empresariales es una experiencia como la que dicta aquel comercial: no tiene precio. Si nuestra capacidad de asombro, tratándose de temas políticos, no estuviese demasiado mermada, podríamos incluso afirmar que resulta alarmante.
Más allá de exponer sus argumentos con supina ignorancia (acéptese el pleonasmo), los representantes empresariales, principales personeros, impulsores y promotores de la actual reforma legal, exteriorizan agudas carencias cognitivas en torno a temas de los que mejor sería que no opinaran. Además de ello, se manifiestan las razones por las que una acción pública de esta naturaleza exhibe la más pura condición humana, en la cual la contradicción existe de forma inevitable. Esta contradicción la podemos identificar en diversos niveles, siendo el primero y más evidente el de la controversia política.
Cuando el máximo dirigente de la Coparmex en Jalisco afirma que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se acabará con la lucha de clases, queda muy claro que no es requisito para ser dirigente empresarial tener el más elemental conocimiento sobre las tesis del materialismo histórico; sin embargo, sería primordial entender que la lucha de clases existe y existirá mientras vivamos en una sociedad clasista, dividida y confrontada, sobre todo por las desigualdades e inequidades económicas que la mayoría sufre, lo cual arraiga en la mente y quizá en el espíritu de muchos, la necesidad de combatir, de luchar contra un orden social que se considera injusto.
Cuando el dirigente nacional de la Canacintra sugiere que ya es tiempo de hacer a un lado la autonomía sindical, hace patente lo más burdo y lamentable de la conducta humana, como lo es pretender limitar la libertad de otros y negar para los demás el ejercicio de los más elementales derechos humanos. Este tipo de afirmaciones muestra el desconocimiento absoluto de los axiomas en los que se sustenta el principio de autonomía sindical, como también evidencia la ignorancia sobre las obligaciones legales que, según nuestra propia Constitución, tenemos con el derecho internacional, al respecto de garantizar el derecho a la libre asociación y autodeterminación de las organizaciones obreras o patronales, en virtud de los convenios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sancionado y nuestro país suscrito.
No debería ser extraño para los dirigentes empresariales el conocimiento sobre lo más elemental en la historia de los derechos laborales, que en el ámbito internacional tienen un referente importante en la creación misma de la OIT, la cual se funda en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, con el cual se pretende generar la paz mundial después de finalizada la primera guerra mundial. Conveniente sería que se conocieran los principios de la Declaración de Filadelfia, promulgada en 1944, la cual establece que:
Por otra parte, a sabiendas de que ninguna medida concreta en el ámbito político puede poseer la dignidad de una verdad científica, podemos revisar el principio de contradicción citado en un segundo nivel, relacionado con los fundamentos del orden justo, el cual ha sido debatido desde los inicios de la vida en sociedad. En esta lógica citamos la afirmación que a través de un comunicado emite el Consejo Coordinador Empresarial en el sentido de “adaptar la Ley Federal del Trabajo a las circunstancias y necesidades de la economía moderna”. ¿Cuáles son las necesidades de la economía moderna? Hasta antes de esto cualquiera hubiera pensado que las necesidades las tienen los individuos y las sociedades, no la economía. En este mismo tenor, ¿las circunstancias de la economía moderna corresponden a lo que pudiésemos considerar un orden justo? Quizá para las cúpulas empresariales, sí.
El quehacer público y la acción política encuentran desde siempre un conflicto por la definición del orden justo. Quizá de manera simplista, podemos alinear en dos grandes grupos las ideas que defienden tesis opuestas: la primera de ellas afirma que las desigualdades corresponden a un orden natural y por lo tanto, en toda sociedad se deben aceptar; bajo esta tesis la estratificación, jerarquización y diferenciación social es algo natural. La segunda tesis propende a evitar o contener los abusos de la riqueza, el poder y la condición humana “natural”; en esta posición, la legislación debe actuar en sentido opuesto a la naturaleza.
Un último nivel de análisis lo podemos significar a partir de identificar lo que cada quien encuentre como las finalidades últimas de la acción humana y/o de la vida en sociedad. En este punto es indispensable considerar que las sociedades, las personas, los políticos, los ciudadanos, los empleadores y los trabajadores, normalmente piensan y actúan según sistemas de valores que se constituyen como marco referencial, muchas veces divergentes y otras veces opuestos, en un intercambio continuo donde el individuo se afirma y define en función de su propio medio.
Así las cosas, las finalidades últimas que se persigan serán siempre subjetivas a cada caso particular, así como a cada grupo o individuo que se involucre en las acciones humanas, las que según sus fines y medios encontrarán siempre una rebeldía a toda instrucción exterior a su esencia. El “mercado” (y quienes piensen y actúen en su lógica) rechazará siempre todo aquello que cuestione o limite la libertad de imponer un orden natural donde para el más fuerte será siempre permisible disponer de mayores recursos, por encima de los más débiles, dado que eso es inmanente a su naturaleza. La justicia (y quienes pretendan orientar sus pensamientos o actos en función a ella) rechazará siempre lo que signifique un desequilibrio o desigualdad entre sujetos que en la vida social se comprometen a frenar y contener lo más primitivo de sus impulsos naturales.
No obstante, lo visto hasta hoy es que la historia de esta reforma legal es la tragedia de una clase empresarial que hace sus leyes, pero no sabe las leyes que hace.
Más allá de exponer sus argumentos con supina ignorancia (acéptese el pleonasmo), los representantes empresariales, principales personeros, impulsores y promotores de la actual reforma legal, exteriorizan agudas carencias cognitivas en torno a temas de los que mejor sería que no opinaran. Además de ello, se manifiestan las razones por las que una acción pública de esta naturaleza exhibe la más pura condición humana, en la cual la contradicción existe de forma inevitable. Esta contradicción la podemos identificar en diversos niveles, siendo el primero y más evidente el de la controversia política.
Cuando el máximo dirigente de la Coparmex en Jalisco afirma que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se acabará con la lucha de clases, queda muy claro que no es requisito para ser dirigente empresarial tener el más elemental conocimiento sobre las tesis del materialismo histórico; sin embargo, sería primordial entender que la lucha de clases existe y existirá mientras vivamos en una sociedad clasista, dividida y confrontada, sobre todo por las desigualdades e inequidades económicas que la mayoría sufre, lo cual arraiga en la mente y quizá en el espíritu de muchos, la necesidad de combatir, de luchar contra un orden social que se considera injusto.
Cuando el dirigente nacional de la Canacintra sugiere que ya es tiempo de hacer a un lado la autonomía sindical, hace patente lo más burdo y lamentable de la conducta humana, como lo es pretender limitar la libertad de otros y negar para los demás el ejercicio de los más elementales derechos humanos. Este tipo de afirmaciones muestra el desconocimiento absoluto de los axiomas en los que se sustenta el principio de autonomía sindical, como también evidencia la ignorancia sobre las obligaciones legales que, según nuestra propia Constitución, tenemos con el derecho internacional, al respecto de garantizar el derecho a la libre asociación y autodeterminación de las organizaciones obreras o patronales, en virtud de los convenios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sancionado y nuestro país suscrito.
No debería ser extraño para los dirigentes empresariales el conocimiento sobre lo más elemental en la historia de los derechos laborales, que en el ámbito internacional tienen un referente importante en la creación misma de la OIT, la cual se funda en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, con el cual se pretende generar la paz mundial después de finalizada la primera guerra mundial. Conveniente sería que se conocieran los principios de la Declaración de Filadelfia, promulgada en 1944, la cual establece que:
1. El trabajo no es mercancía;
2. La libertad de expresión y de asociación es esencial;
3. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes; y,
4. La guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable.
Por otra parte, a sabiendas de que ninguna medida concreta en el ámbito político puede poseer la dignidad de una verdad científica, podemos revisar el principio de contradicción citado en un segundo nivel, relacionado con los fundamentos del orden justo, el cual ha sido debatido desde los inicios de la vida en sociedad. En esta lógica citamos la afirmación que a través de un comunicado emite el Consejo Coordinador Empresarial en el sentido de “adaptar la Ley Federal del Trabajo a las circunstancias y necesidades de la economía moderna”. ¿Cuáles son las necesidades de la economía moderna? Hasta antes de esto cualquiera hubiera pensado que las necesidades las tienen los individuos y las sociedades, no la economía. En este mismo tenor, ¿las circunstancias de la economía moderna corresponden a lo que pudiésemos considerar un orden justo? Quizá para las cúpulas empresariales, sí.
El quehacer público y la acción política encuentran desde siempre un conflicto por la definición del orden justo. Quizá de manera simplista, podemos alinear en dos grandes grupos las ideas que defienden tesis opuestas: la primera de ellas afirma que las desigualdades corresponden a un orden natural y por lo tanto, en toda sociedad se deben aceptar; bajo esta tesis la estratificación, jerarquización y diferenciación social es algo natural. La segunda tesis propende a evitar o contener los abusos de la riqueza, el poder y la condición humana “natural”; en esta posición, la legislación debe actuar en sentido opuesto a la naturaleza.
Un último nivel de análisis lo podemos significar a partir de identificar lo que cada quien encuentre como las finalidades últimas de la acción humana y/o de la vida en sociedad. En este punto es indispensable considerar que las sociedades, las personas, los políticos, los ciudadanos, los empleadores y los trabajadores, normalmente piensan y actúan según sistemas de valores que se constituyen como marco referencial, muchas veces divergentes y otras veces opuestos, en un intercambio continuo donde el individuo se afirma y define en función de su propio medio.
Así las cosas, las finalidades últimas que se persigan serán siempre subjetivas a cada caso particular, así como a cada grupo o individuo que se involucre en las acciones humanas, las que según sus fines y medios encontrarán siempre una rebeldía a toda instrucción exterior a su esencia. El “mercado” (y quienes piensen y actúen en su lógica) rechazará siempre todo aquello que cuestione o limite la libertad de imponer un orden natural donde para el más fuerte será siempre permisible disponer de mayores recursos, por encima de los más débiles, dado que eso es inmanente a su naturaleza. La justicia (y quienes pretendan orientar sus pensamientos o actos en función a ella) rechazará siempre lo que signifique un desequilibrio o desigualdad entre sujetos que en la vida social se comprometen a frenar y contener lo más primitivo de sus impulsos naturales.
No obstante, lo visto hasta hoy es que la historia de esta reforma legal es la tragedia de una clase empresarial que hace sus leyes, pero no sabe las leyes que hace.
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