Iniciativa ciudadana, consulta popular y la ausencia del IFE

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  • viernes, 9 de noviembre de 2012


  • • Hasta el momento ha pasado prácticamente inadvertida la posibilidad de ejercer las iniciativas ciudadanas y las consultas populares


    Francisco J. Díaz A..- El 9 de agosto del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución en materia política. Esta reforma constitucional trajo como consecuencia casi inmediata el primer ejercicio de la atribución presidencial con respecto al trámite preferente de iniciativas presentadas por el presidente de la república.

    Asistimos así a un acto político en el contexto de la llamada reforma política, que para este caso –según lo afirman sus impulsores– pretende acabar con la parálisis legislativa que supuestamente acontece por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, o bien, por la falta de acuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo federal. No fue obstáculo para el procesamiento legal de las iniciativas preferentes la ausencia de reglamentación de este instrumento legal, como tampoco será posible determinar, en tanto no se aprobase una reforma constitucional similar, qué suerte correrían las iniciativas que con este carácter se presentaran, si acaso se hubiese considerado, como en otros países, la afirmativa ficta como principal herramienta que limitara la pasividad o la inacción legislativa.

    Bajo el régimen de República representativa y democrática, el ejercicio del soberano se realiza por medio de los poderes de la unión. Foto Notimex

    No se pretende reflexionar sobre si una mayor cantidad de leyes, o de reformas legales, necesariamente implica una mejor calidad del marco legal. Por el contrario, se afirma que en muchas ocasiones se ha demostrado la baja calidad con la que se legisla en nuestro país, no sólo en la parte del procedimiento que se lleva en la elaboración o modificación de las leyes, sino principalmente por la distancia que guardan los “productos” normativos que aprueban, con respecto a los más elementales principios de técnica legislativa que es fundamental observar tratándose de los instrumentos que precisamente se crean con el fin de regular, en lo público y en lo privado, las distintas y muy variadas temáticas de nuestra vida política, económica y social.

    Bajo el régimen de República representativa y democrática, el ejercicio del soberano se realiza por medio de los poderes de la unión, razón por la cual resulta por demás interesante observar que en esta misma reforma constitucional se aprobaron otro par de instrumentos o herramientas normativas, que vistas con mucho entusiasmo pudiera considerarse que tienen como propósito el empoderamiento ciudadano. Curiosamente, hasta el momento ha pasado prácticamente inadvertida la posibilidad de ejercer las iniciativas ciudadanas y las consultas populares, como mecanismo quizá óptimo para el establecimiento de una relación política diferente entre gobernantes y gobernados, o cuando menos como parte del más novedoso arreglo institucional.

    No hace falta sustentar demasiado el hecho de que en el imaginario o en el mundo de la política, la dicotomía y confrontación mental más notoria se da entre “ciudadanos” y “políticos”. Lo cierto es que una reforma de este tipo, más allá de la efectividad o pertinencia que para el proceso legislativo pueda tener, conlleva la idea de que los ciudadanos tenemos muchas y mejores cualidades para tomar decisiones, pues nosotros nos encontramos ajenos a todo ese obscuro mundo de intereses en los que se inmiscuyen los políticos profesionales.

    La noción más elemental de democracia probablemente se funda en la idea de que una mayoría de personas seguramente pueden conducir de mejor forma la vida pública. En esta lógica la amplificación de los derechos del ciudadano, que ahora tiene facultades constitucionales para iniciar leyes, lo mismo que para convocar a consultas populares, supone cuando menos la posibilidad de ser sujetos activos y actuantes en una esfera de conducción política a la que antes nos encontrábamos ajenos.

    Sin embargo, esta nueva facultad o derecho de la ciudadanía encuentra como primera restricción la capacidad de organización que se requiere para la realización de un ejercicio democrático de esta naturaleza. Para convocar a una consulta popular, se requiere cuando menos un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, cerca de un millón 600 mil ciudadanos que coincidan en voluntad y objetivos. Para ejercer el derecho de iniciar leyes, es necesario por lo menos un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores, es decir, casi 104 mil ciudadanos que deseen presentar la iniciativa de ley.

    En el caso de la consulta popular, se tendrá que realizar, dice la Constitución, el mismo día de la jornada electoral. Amén de la reglamentación que en su momento se tendrá que emitir, corresponderá al Instituto Federal Electoral (IFE) la verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Lo que resulta verdaderamente interesante de esta herramienta es que cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

    ¿Qué sucedería si al igual que con la iniciativa preferente se presentara ante el Congreso una iniciativa ciudadana, sin que exista hasta el momento la reglamentación de la misma? ¿Qué tratamiento darían los diputados y senadores si se presentara una iniciativa de origen ciudadano que propusiera modificaciones legales, precisamente en el sentido inverso del que las cámaras hayan procesado? ¿Qué impide a los sindicatos y organizaciones que se oponen por ejemplo a la modificación a la Ley Federal del Trabajo, a convocar y organizar un ejercicio como éste?

    En días pasados el IFE presentó su Plan Estratégico de Trabajo 2013-2015, mediante el cual se hace la presentación y justificación del presupuesto que se pretende ejercer durante ese periodo. Se señala en ese documento la intención de hacer más eficiente su labor, mejorar la imagen institucional, fortalecer el régimen de los partidos políticos, tener un nuevo modelo organizacional y como novedad, desarrollar indicadores de desempeño basados en objetivos por dirección de área y por unidad responsable. Qué bueno hubiese sido que así como declaran la intención de fortalecer las actividades que implican una vinculación con la ciudadanía, se hubiera propuesto como principal acción estratégica impulsar los mecanismos de democracia directa que recién se incorporan a nuestra máxima ley.

    fjdiazaguirre@gmail.com

    ALTAR DE MUERTOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

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  • lunes, 5 de noviembre de 2012


  • Por Alejandro Quezada y Guadalupe Estrella, Buffete Jurídico del SUTUdeG

    LA MUERTE NO REPRESENTA EL FINAL DE LA VIDA, SINO EL INICIO DEL CAMINO A UNA NUEVA FORMA DE EXISTIR.

    Partiendo de esta creencia, se puede apreciar que los seres humanos cuando morimos, muere únicamente el cuerpo pero seguimos teniendo existencia, por lo que al presente altar aplica bajo el siguiente mensaje:


    La ley Federal del Trabajo aunque ha sido reformada, esta ha muerto, ya que cambió a una nueva forma de existencia, del 18 de agosto de 1931 que fue cuando se le dio vida al esfuerzo, sacrificio y sangre de miles de trabajadores, pero en la actualidad dicha lucha de la clase laboral la han matado y la han enterrado diversos actores políticos, entre ellos; CALDERON y CORDERO.


    Han creado su panteón propio donde le han dado sepultura al salario mínimo; a la autonomía sindical, al escalafón, a la libertad de despedirnos cuando cumplamos 20 años de antigüedad, destrozaron una jornada laboral de 8 horas, y le han puesto tope a lo que son los salarios caídos… entre otros derechos.

    Con los derechos que teníamos con la Ley Federal del Trabajo creada en el año de 1931, alcanzábamos para poder tener acceso a una canasta básica, siendo la mujer el pilar de: la administración de la economía familiar, del amor, de los esfuerzos y de la armonía del hogar, inclusive nos alcanzaba para tener diversiones acordes al presupuesto del producto de nuestro trabajo. Estos esfuerzos han sido enterrados por muchos de los actores políticos salientes y actuales.



    Ahora con estas nuevas reformas, nuestros representantes populares se dan el lujo de darnos a comer “PURO  CHILE” (p` que agarren el que quieran).

    En octubre de 2012 HA MUERTO la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, entendiéndose como Ley Federal del Trabajo, el producto de la lucha de miles de trabajadores que a través de tantos años habían conseguido que los derechos se materializaran legal y legítimamente en una ley.

    Ahora le han dado vida a un instrumento de explotación y manipulación al gusto de la clase capitalista que demagógicamente la han llamado reformas A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO careciendo de toda legitimidad.

    LEY FEDERAL DEL TRABAJO
    18 de agosto de  1931      -          Octubre de 2012  +

    ‘El Lazca’, los presidentes y el FMI

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  • lunes, 29 de octubre de 2012


  • Francisco Díaz.- La estimación de la relevancia que para la vida nacional tiene la noticia de la muerte de El Lazca, presunto líder de los zetas, o la afirmación del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la desaceleración de la economía mexicana, o bien, la reunión sostenida entre Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, depende de la disposición personal que cada receptor de información tenemos, en función de nuestra experiencia individual.

    En primeras planas se consigna la información sobre el abatimiento del cabecilla del célebre grupo delictivo, así como la posterior desaparición o robo del cuerpo del mismo. Se acompaña la nota de la crónica de los hechos, siempre insuficientes, que narran los acontecimientos y circunstancias, generando sin duda en el lector, escucha o televidente toda la serie de dudas y especulación que nuestra imaginación es capaz de producir.



    Si nuestras incógnitas, nuestros temores o suposiciones sobre el futuro tienen más que ver con las condiciones de crisis económica global y sus efectos, quizá nos despierte mayor interés especular con respecto a las medidas y planes de ajuste que, siguiendo los dictados del FMI, sin mayor remedio se tendrían que implementar, aun a pesar del consecuente incremento de conflictividad que podría reubicarnos en el estado de crisis social que nadie quisiera.

    De la misma forma, cuando nuestro sistema de creencias se encuentra mayormente influenciado por expectativas de conformidad al espacio de la política y la toma de decisiones públicas, lo más probable es que concentremos la atención en la serie de reuniones que los presidentes, entrante y saliente, han sostenido en los días recientes, pues podríamos suponer que de dichos encuentros se podrían derivar las políticas gubernamentales, públicas o de Estado, bajo las que habremos de discurrir, en los próximos años, nuestras habilidades y nuestras disonancias sociales.

    No obstante de la propensión que se tenga, quizá valga la pena ejercitar nuestra creatividad relacionando entre sí la información disponible, pues bien podríamos reflexionar sobre los cursos de acción que podrían o deberían ser modificados por el gobierno entrante, con respecto a la política criminal y de persecución al narcotráfico, máxime si consideramos que cuando menos dos de los encuentros presidenciales han tenido como tema la seguridad.

    Si partimos de que el narcotráfico se afirma como un problema de seguridad pública y seguridad nacional, podríamos imaginar a Calderón y Peña Nieto charlando sobre todo aquello relacionado con las bandas delictivas y jefes criminales que como El Lazca ocupan los titulares en las noticias. Igualmente podríamos suponer que dialogan al respecto de las estructuras en las que se sostiene un fenómeno de la índole y dimensión del tráfico de drogas. También podríamos intuir que intercambian opiniones en relación a la agenda global de combate al narcotráfico o sobre la serie de acuerdos que de forma inevitable se toman con el gobierno norteamericano.

    Resulta válido suponer que si el más reciente encuentro tuvo que ver con los temas de la economía, quizá la información y opiniones que se comparten tienen que ver con las relaciones políticas y económicas que nuestro gobierno establece con los organismos de financiación internacional, al igual que con los gobiernos de las principales economías, pues evidentemente son estos últimos los que determinan el rumbo y las pautas que en la economía y la política se encuentran obligados a seguir los países que como el nuestro requieren de créditos internacionales.

    Ahora bien, si partimos de que el narcotráfico está considerado también como un problema de seguridad global, ¿qué tan explícito será el intercambio entre presidentes tratándose de acuerdos globales para el abordaje o la atención del tráfico de drogas? Es decir, con independencia de los juicios morales que pudiésemos tener al respecto de “pactos” con delincuentes, sin duda la política criminal que nuestro país implementa se encuentra altamente influenciada, si no es que conducida, por quienes aportan los recursos técnicos, materiales y financieros para el combate al narcotráfico.

    En este mismo tenor, partiendo de que el tráfico de drogas genera billones de dólares de ganancia en toda el orbe, a quienes participan de estas actividades, sean personas, grupos o países, ¿qué tanto se explicita entre mandatarios el grado de involucramiento o inoculación que la economía tiene, derivada de estas actividades ilícitas? Una ventana de abordaje -o cuando menos de observación- del fenómeno global del tráfico drogas es el mercado financiero internacional, como también lo son las actividades de la economía formal o informal de cada país que participa en estos intercambios, sin que para lo anterior sea obstáculo el nivel de permisividad o persecución instituido.

    Se acepte o no, el narcotráfico es antes que otra cosa un gran negocio, lo cual no significa que deba haber o exista conformidad al respecto. Este apunte se vierte en el sentido de reconocer las características esenciales del fenómeno, lo cual sería indispensable, si es que de verdad se quiere combatir el mismo, bien sea con fines de acabar, inhibir o controlar el tráfico de drogas.

    El narcotráfico genera graves problemas de salud pública; bajo esta óptica resultaría prioritario inhibir el consumo, quizá a través de políticas que propendan a la prevención del mismo. Como toda actividad ilícita, para desarrollarse requiere un grado de soporte, generalmente logrado mediante la corrupción, en las instituciones y organizaciones formales del Estado; ante ello, sería oportuno enfatizar las acciones hacia la inhabilitación de todo aquello que propicia la corrupción, como lo es la impunidad.

    Sin embargo, no habrá lucha eficaz contra este tipo de delincuencia si el abordaje y estrategia se reduce a una confrontación directa en el ámbito de los más deliberados comportamientos de hostilidad, agresión y violencia, pues si bien es cierto que una de las principales funciones del Estado es garantizar la seguridad de los pobladores, para lo cual se reserva el monopolio del uso de la violencia, también es cierto que se debe atender el fenómeno desde su estructura, lo cual incluye las normas bajo las que éste se rige.

    Así las cosas, en tanto no se altere el orden financiero global, se ataquen los cimientos de las estructuras financieras en los países y se castigue la eficacia de las finanzas en el crimen organizado (narcotraficantes, empresarios o políticos), seguiremos siendo partícipes involuntarios del reality show que por destructivo sostiene el mayor nivel de audiencia en nuestro país.

    Coparmex, Canacintra y la ignorancia

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  • lunes, 8 de octubre de 2012
  • Francisco J. Díaz A.- Leer las recientes declaraciones que en torno a la reforma laboral han expresado algunos dirigentes empresariales es una experiencia como la que dicta aquel comercial: no tiene precio. Si nuestra capacidad de asombro, tratándose de temas políticos, no estuviese demasiado mermada, podríamos incluso afirmar que resulta alarmante.

    Más allá de exponer sus argumentos con supina ignorancia (acéptese el pleonasmo), los representantes empresariales, principales personeros, impulsores y promotores de la actual reforma legal, exteriorizan agudas carencias cognitivas en torno a temas de los que mejor sería que no opinaran. Además de ello, se manifiestan las razones por las que una acción pública de esta naturaleza exhibe la más pura condición humana, en la cual la contradicción existe de forma inevitable. Esta contradicción la podemos identificar en diversos niveles, siendo el primero y más evidente el de la controversia política.
    Cuando el máximo dirigente de la Coparmex en Jalisco afirma que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se acabará con la lucha de clases, queda muy claro que no es requisito para ser dirigente empresarial tener el más elemental conocimiento sobre las tesis del materialismo histórico; sin embargo, sería primordial entender que la lucha de clases existe y existirá mientras vivamos en una sociedad clasista, dividida y confrontada, sobre todo por las desigualdades e inequidades económicas que la mayoría sufre, lo cual arraiga en la mente y quizá en el espíritu de muchos, la necesidad de combatir, de luchar contra un orden social que se considera injusto.

    Cuando el dirigente nacional de la Canacintra sugiere que ya es tiempo de hacer a un lado la autonomía sindical, hace patente lo más burdo y lamentable de la conducta humana, como lo es pretender limitar la libertad de otros y negar para los demás el ejercicio de los más elementales derechos humanos. Este tipo de afirmaciones muestra el desconocimiento absoluto de los axiomas en los que se sustenta el principio de autonomía sindical, como también evidencia la ignorancia sobre las obligaciones legales que, según nuestra propia Constitución, tenemos con el derecho internacional, al respecto de garantizar el derecho a la libre asociación y autodeterminación de las organizaciones obreras o patronales, en virtud de los convenios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sancionado y nuestro país suscrito.
    No debería ser extraño para los dirigentes empresariales el conocimiento sobre lo más elemental en la historia de los derechos laborales, que en el ámbito internacional tienen un referente importante en la creación misma de la OIT, la cual se funda en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, con el cual se pretende generar la paz mundial después de finalizada la primera guerra mundial. Conveniente sería que se conocieran los principios de la Declaración de Filadelfia, promulgada en 1944, la cual establece que: 

    1. El trabajo no es mercancía; 
    2. La libertad de expresión y de asociación es esencial; 
    3. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes; y, 
    4. La guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable.

    Por otra parte, a sabiendas de que ninguna medida concreta en el ámbito político puede poseer la dignidad de una verdad científica, podemos revisar el principio de contradicción citado en un segundo nivel, relacionado con los fundamentos del orden justo, el cual ha sido debatido desde los inicios de la vida en sociedad. En esta lógica citamos la afirmación que a través de un comunicado emite el Consejo Coordinador Empresarial en el sentido de “adaptar la Ley Federal del Trabajo a las circunstancias y necesidades de la economía moderna”. ¿Cuáles son las necesidades de la economía moderna? Hasta antes de esto cualquiera hubiera pensado que las necesidades las tienen los individuos y las sociedades, no la economía. En este mismo tenor, ¿las circunstancias de la economía moderna corresponden a lo que pudiésemos considerar un orden justo? Quizá para las cúpulas empresariales, sí.

    El quehacer público y la acción política encuentran desde siempre un conflicto por la definición del orden justo. Quizá de manera simplista, podemos alinear en dos grandes grupos las ideas que defienden tesis opuestas: la primera de ellas afirma que las desigualdades corresponden a un orden natural y por lo tanto, en toda sociedad se deben aceptar; bajo esta tesis la estratificación, jerarquización y diferenciación social es algo natural. La segunda tesis propende a evitar o contener los abusos de la riqueza, el poder y la condición humana “natural”; en esta posición, la legislación debe actuar en sentido opuesto a la naturaleza.

    Un último nivel de análisis lo podemos significar a partir de identificar lo que cada quien encuentre como las finalidades últimas de la acción humana y/o de la vida en sociedad. En este punto es indispensable considerar que las sociedades, las personas, los políticos, los ciudadanos, los empleadores y los trabajadores, normalmente piensan y actúan según sistemas de valores que se constituyen como marco referencial, muchas veces divergentes y otras veces opuestos, en un intercambio continuo donde el individuo se afirma y define en función de su propio medio.

    Así las cosas, las finalidades últimas que se persigan serán siempre subjetivas a cada caso particular, así como a cada grupo o individuo que se involucre en las acciones humanas, las que según sus fines y medios encontrarán siempre una rebeldía a toda instrucción exterior a su esencia. El “mercado” (y quienes piensen y actúen en su lógica) rechazará siempre todo aquello que cuestione o limite la libertad de imponer un orden natural donde para el más fuerte será siempre permisible disponer de mayores recursos, por encima de los más débiles, dado que eso es inmanente a su naturaleza. La justicia (y quienes pretendan orientar sus pensamientos o actos en función a ella) rechazará siempre lo que signifique un desequilibrio o desigualdad entre sujetos que en la vida social se comprometen a frenar y contener lo más primitivo de sus impulsos naturales.

    No obstante, lo visto hasta hoy es que la historia de esta reforma legal es la tragedia de una clase empresarial que hace sus leyes, pero no sabe las leyes que hace.
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  • miércoles, 3 de octubre de 2012

  • Dimensiones y efectos de la reformal laboral


    Francisco J. Díaz A.- Entre tantas opiniones que se vierten, o posiciones políticas que se asumen, frente a la reforma laboral, resultaría oportuno reflexionar el tema desde un espacio con mayores herramientas metodológicas que pueden resultar útiles, ya sea para la toma de decisiones o cuando menos para emitir diagnósticos más certeros sobre el estado de la cuestión.

    Evidente es que este acontecimiento transcurre principalmente en una dimensión jurídica, pues se trata en principio de una reforma a un ordenamiento legal. Incontrovertible es que los mismos hechos tienen una perspectiva económica, lo cual en forma lógica utilizan los impulsores o detractores de la citada reforma a la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, podemos afirmar también que tanto en las relaciones individuales de trabajo como las colectivas, son fenómenos que no pueden entenderse en forma plena si no se revisan también sus dimensiones política y social.

    Si se tratase de dar una opinión, basta con emitirla. En cambio si lo que se busca es hacer un adecuado análisis, nos parecen demasiado simplistas los juicios que se hacen comúnmente sobre la actividad sindical, ya que lejos de ver a los sindicatos como los complejos fenómenos sociopolíticos que son, se reducen a una obtusa e insuficiente visión construida sólo sobre la base de la forma en que los líderes sindicales llevan a cabo su función.

    Dicho de otra forma, al hablar de sindicatos la mayor parte de opinólogos que se escuchan o se leen, se reduce a creencias compartidas y/o juicios populares que sin duda se generan sobre la base de hechos lamentables, controvertibles o deleznables en los que han incurrido una cantidad importante de dirigentes sindicales. Así las cosas, una buena parte de la discusión pública que hoy día se hace sobre el tema, transcurre en el espacio deliberativo, o más bien discursivo, del intercambio de acusaciones que impulsores o detractores de la reforma hacen con respecto a los sindicatos. Pareciera entonces por momentos que una decisión nacional de esta envergadura se limita a la negociación que líderes sindicales podrán hacer para no resultar afectados en lo que ellos consideren que afecta su interés.

    De la misma forma encontramos insuficientes, y por lo tanto afirmamos que carecen de fundamento, aquellas versiones que sostienen como un hecho indudable que una vez modificada la ley, en el sentido de “flexibilizar” las relaciones laborales, se tendrá como resultado inmediato el incremento en la productividad, así como en las fuentes de trabajo y empleos que tan necesarios son hoy día.

    Al parecer el resultado de la negociación del conflicto, a la vez que del intercambio político que se aproxima, será en el sentido de conceder a los sindicatos mantener prácticamente las mismas condiciones jurídicas, políticas y económicas que disfrutan, a cambio de permitir ellos la flexibilización del mercado de trabajo, que en realidad no es otra cosa que dinamitar el principio de estabilidad laboral, a través de legalizar los contratos temporales (de capacitación o de prueba) y los contratos por horas.

    De las posiciones encontradas que hasta hoy se confrontan en la arena pública, en el debate legislativo, o en los espacios mediáticos, no encontramos una sola propuesta o contrapropuesta que tenga suficiente fundamento, y que por lo tanto pueda resultar viable, pues todas ellas carecen de la más elemental ubicación contextual. Se pasa entre otras cosas por alto, la causalidad en la relación histórica que tiene estos hechos con el pasado, reciente y remoto.

    En la historicidad de todo suceso se puede identificar la direccionalidad que ha tenido, o la que se ha pretendido dar a temas como el de esta magnitud. Sólo por citar un ejemplo, se nos dijo antes que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y con la consolidación de las políticas y del modelo económico de libre mercado lograríamos atraer mayor inversión extranjera, la cual crearía más y mejores fuentes de empleo, lo que junto con el intercambio comercial nos traería una indudable mejoría en nuestros ingresos, salarios y oportunidades. Los resultados todos los conocemos.

    Antes y ahora las decisiones públicas tendrían que considerar que toda acción política implica un riesgo derivado de las consecuencias previsibles, pero sobre todo de aquellas no previsibles. Lo cierto es que las decisiones, acciones y consecuencias resultan conformes a los axiomas y valores en los que se fundan, independientemente de nuestra coincidencia o no con estos principios.

    Los intereses que hay en esta reforma son más o menos evidentes, pero ¿cuáles son los principios en los que se basará esta decisión? Valga la pregunta con independencia de los intereses que logren imponerse y sea cual sea la reforma que al final se apruebe.

    Ejercer la acción de gobierno no siempre será agradable a todos, no obstante que se tenga una vocación democrática bajo lo cual pretenda decidirse en función de la conformidad mayoritaria. Vale la pena considerar que no siempre la mayoría está bien informada, no siempre la mayoría tiene claridad sobre las distintas opciones disponibles, así como casi nunca la mayoría tendrá un análisis claro de los riesgos que implica determinada decisión, ni tampoco las consecuencias previsibles y efectos no deseados de determinada acción.

    En un misma acción los efectos no deseados por unos, pueden ser deseables para otros. Los empleos que se tienen que crear, si de verdad se quiere mejorar la condición de millones de familias, deben ser empleos estables y bien remunerados; lamentablemente lo que se propone no apunta en esta dirección, sino en el sentido contrario.

    No obstante, quizá lo que precisamente hace falta en nuestro país es que la necesidad y el malestar de los trabajadores sea aún mayor, de forma tal que ante el incremento de la tensión social, detone un movimiento amplio y popular, producto del hartazgo, que sacuda a las instituciones desde sus cimientos y genere con ello una transformación profunda en nuestra vida política, económica y social. Sólo esperemos que esto no suceda en forma violenta.

    Igualdad entre desigualdades

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  • jueves, 13 de septiembre de 2012


  • 12 septiembre 2012

    Francisco Díaz.- Con mucha precisión exponen sus razones aquellos que impulsan el proyecto de reforma laboral, que como iniciativa preferente presentó el otrora presidente del empleo, en el sentido de que nuestras leyes laborales están diseñadas para proteger el empleo. Primeras cuestiones: ¿en nuestro país dejó de ser necesaria la protección del trabajo? ¿En qué momento perdieron vigencia los principios constitucionales que la norma laboral reglamenta, en el sentido de equilibrar las relaciones entre patrones y trabajadores?

    Recordemos que la premisa en que se fundamentan los derechos sociales relativos al empleo es que no existe injusticia mayor que tratar como iguales a los que en principio son desiguales. Frente al patrón, el trabajador es un sujeto más débil, en cuanto a los recursos y medios de los que dispone en la relación laboral que lo subordina y lo hace dependiente de las decisiones del propietario de los medios de producción y del capital. Es este el sentido, y no otro, de las normas y el carácter proteccionista que el Estado asume para equilibrar la relación jurídica entre sujetos notoriamente desiguales.
    Escuchar o leer que necesitamos modificar la norma laboral para incorporar aspectos que permitan generar nuevos empleos, además de atender la demanda insatisfecha de trabajos de calidad e impulsar la competitividad y el crecimiento económico, nos hace preguntar: ¿acaso en Norteamérica o en los países Europeos, son las leyes laborales “rígidas” y “obsoletas” las que generan o propician el creciente desempleo, la precarización del mismo o el decremento en los niveles de producción? La respuesta es evidente: No.

    En aquellas latitudes no existen normas que sea necesario “flexibilizar” o “actualizar”, pues desde hace décadas las relaciones laborales se rigen bajo los paradigmas del modelo-sistema-mundo capitalista. Precisamente es la voracidad de los agentes económicos, especialmente aquellos relacionados con el sistema financiero global, la que aunada a las malas decisiones de los gobiernos que se subordinan al interés del gran capital transnacional, los que han sumido al mundo entero en una crisis económica de la que no se visualiza una pronta salida.

    Podemos afirmar que en México no hemos sufrido crisis económicas recurrentes, sino que hemos vivido bajo una crisis permanente que nos pone como ejemplo mundial de lo que justamente se debe de hacer, si acaso se pretende ser el país más desigual e inequitativo del mundo.
    Entre otras muchas promesas incumplidas, hemos vivido bajo el ofrecimiento de que sobrevivir con bajos salarios y empleos precarios, nos hará más atractivos para la inversión extranjera; lo cual, según los impulsores del modelo conocido como neoliberal, tendrá como consecuencia una derrama económica que, una vez generada la riqueza nacional con el esfuerzo y trabajo de la competitiva (¿acaso por barata?) mano de obra mexicana, será distribuida de manera justa y equitativa por la obra y gracia de la mano invisible del mercado. Después de más de 30 años, esto no ha sucedido, ni sucederá.
    La reforma que la presidencia propone tendrá como efecto indudable abaratar el despido y liberar de obligaciones esenciales que hoy día tienen los empleadores. Luego entonces, tendríamos que suponer que con los recursos que los patrones se ahorren por no tener que pagar ya costosos juicios laborales, tendremos mayor inversión que generará más empleos, con mejores condiciones para la competitividad y por supuesto con un incremento de la productividad nacional. Falso.

    ¿Cómo se evitará que los empresarios -cuyo principal objetivo es incrementar su propia riqueza- aprovechen las nuevas normas de forma tal que cubran sus necesidades de contratación sólo con contratos de prueba, de capacitación o por horas? Evidentemente esto será más conveniente para las empresas, ¿lo será también para los millones de mexicanos que viven o aspiran a vivir de un trabajo estable?

    En la propuesta se reduce la obligación de pagar salarios caídos a un periodo máximo de un año; ¿no sería más conveniente para todos que mejor se implementara lo necesario para que los juicios laborales se resolvieran antes de ese periodo? No se necesitan grandes argumentos para sostener lo evidente: esta reforma laboral la impulsan los empresarios, sólo a ellos les resulta conveniente nulificar un principio esencial de nuestro derecho laboral, como lo es la estabilidad del empleo.

    Mención aparte merecen las reformas relacionadas con el derecho colectivo del trabajo. Afirma un dirigente empresarial local que los únicos que alzarán la voz en contra nuevamente serán los sindicatos obreros porque se les obligaría a transparentar sus finanzas ante sus afiliados. ¿No tendrían que alzar la voz también aquellos sindicatos, organizaciones o líderes que realmente encuentren en la iniciativa una seria y profunda afectación al derecho y al interés de los trabajadores?

    Sostener que la lucha de clases quedó muchos años atrás y que “ahorita somos el mismo equipo de trabajo”, no hace sino evidenciar una aguda ignorancia, a la vez que ejemplifica el verdadero cáncer que lacera el mundo del trabajo, como lo es el contubernio y complicidad que existe entre “grandes” empresarios y pseudo líderes sindicales que firman contratos de protección, haciendo nula toda posibilidad de organización de los trabajadores frente a la explotación patronal. ¿Qué se dispone o propone en la iniciativa presidencial que propenda a inhibir, nulificar o erradicar las prácticas de protección patronal por parte de membretes sindicales que se corrompen ante el poderío económico? Nada.

    Bienvenidas sean las modificaciones a la ley que busquen una mayor transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores. Con el mismo énfasis deberían impulsarse iniciativas que limiten la opacidad que existe, por ejemplo, en las exenciones o beneficios fiscales que algunos empresarios reciben por parte de las autoridades hacendarias, ya sea por vía directa de los corporativos o a través de toda la serie de fundaciones, asociaciones y organizaciones “sin fines de lucro” que tan útiles resultan a los contadores.

    Lamentablemente, la reforma se aprobará como se propone pues es claro que quienes disponen de las instituciones del Estado son los empresarios, no la mayoría de mexicanos.

    PRIMERO LOS TRABAJADORES

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  • miércoles, 18 de enero de 2012

  • Por Paco Díaz

    Al asignar el presupuesto, se debe pensar primero en los trabajadores. Una parte importante del presupuesto adicional que la Universidad de Guadalajara ha recibido debe ser asignado para beneficiar de manera directa a los trabajadores.

    Lo administrativo es tan importante como lo académico; la calidad en la educación depende también de los factores no académicos. Lamentablemente, los administrativos y operativos sentimos que nos han minimizado o ignorado durante mucho tiempo.

    Como miembros de la comunidad, y porque afirmamos que la universidad es nuestra y nosotros somos la universidad, acompañamos a las autoridades en las demandas presupuestales. No obstante, vemos con tristeza que durante el año que concluyó, de los 480 millones extras que el gobierno federal asignó, nada se destinó a los trabajadores. En el presupuesto inicial 2012 que incluye 960 millones adicionales como parte del presupuesto federal ordinario, tampoco se consideró nada para los trabajadores.

    Sin embargo, el pleno del H. Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la modificación de un resolutivo del dictamen; así se determinó que, en caso de recibir recursos adicionales, la prioridad en la asignación de esos recursos debería ser la implementación de programas de apoyo que beneficien de manera directa a los trabajadores administrativos. En días posteriores, el Congreso del Estado de Jalisco otorgó más de 300 millones de pesos adicionales al presupuesto de nuestra Universidad.

    En distintos espacios he señalado lo injusto que nos parece tener los salarios miserables que la mayoría de administrativos y operativos recibe. Todos sabemos que no se puede subsistir con un nivel salarial como el que tenemos y cada día sufrimos nuestra mermada capacidad adquisitiva; es absolutamente falso que el aumento a nuestros salarios sea equivalente al incremento en el precio de las cosas.

    Hemos pedido a las autoridades universitarias que ahora ellos nos acompañen en la justa exigencia de un incremento salarial que rebase los absurdos y arbitrarios topes, así como la implementación de programas de apoyo y de recuperación del salario, pues más del 80% de los trabajadores afiliados al SUTUdeG ganan menos de $4,500 al mes.

    A veces pareciera que tenemos mucha claridad sobre cuáles son los grandes males que aquejan a nuestro país, pero a la vez dejamos de ver muchas cosas que suceden aquí en nuestra universidad. Es necesario que se reflexione internamente cómo resolveremos esta problemática.

    Universidades como la nuestra forman en la sociedad una conciencia crítica; de la misma forma debemos ser capaces de ser autocríticos, como principio esencial para encauzar por buen rumbo nuestro quehacer institucional.

    Si los trabajadores, que somos la base y el motor de esta universidad, nos encontramos motivados en todos los ámbitos: el salarial, el del reconocimiento a nuestro trabajo, el de las posibilidades de desarrollo, tendremos mayor productividad y por ende la Universidad de Guadalajara será una mejor universidad.

    La universidad pública es el mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor: pongamos el ejemplo y reconozcamos la buena labor de los trabajadores asignando recursos que den estabilidad y beneficien con retabulaciones a quien se lo ha ganado. Esto será dar un paso para que tengamos un trabajo más digno y entonces una mejor institución.